La sociedad española está harta, más que harta.
La senda política que el PP está desarrollando en la economía social es una estafa doble; tanto para sus propios votantes como para los que nos opusimos optando por otras líneas políticas. Nada se parece a lo que prometían y eso, sin hablar claro, salvo los Decretos de los Viernes en el BOE, pues está agotando la paciencia de muchos. Y cuando hablo de muchos, no solo hablo de los 6 millones de parados sino, especialmente del 56% de paro juvenil y del millón muy largo de familias en los que ni un solo miembro está empleado, bueno... sí en las lista del INEM.
Por tanto, no puede decirse a la población que confíe, que tenga fé y esperanza, porque ya está la copa colmada y el personal no tiene paciencia, ni la puede tener... ni se la puede pedir.
De ahí que ante una convocatoria en las Redes Sociales de RODEAR EL CONGRESO se derive un éxito sin precedentes, se pongan tan nerviosos los poderes públicos, se lleve el pulso de la autoridad policíaca a extremos casi desconocidos, se nos venda una imagen engañosa y trasfullada de quiénes son los violentos y los provocadores y se nos diga que el resto de los españolitos (los que no estaban o no pudieron estar ahí esa noche y en ese lugar parlamentario) no apoyan la idea y la iniciativa.
Dicen que NO NOS REPRESENTAN. Desde luego que con esta ley electoral pactada, modificada, postergada e inservible, el 85% del Congreso poca representación puede trasladar a la calle, a la soberanía popular. Un elemplo en la misma líneas: en la Asamblea de Extremadura, el Psoe y el Pp (éste en la práctica ha asentido) han rechazado la modificación del porcentaje de votos electorales para que "otros grupos" accedan a la cámara regional con menos del 5%. Si eso no es consagrar el bipartidismo...
Esto y las argumentaciones de la estafa electoral en la concreción de los recortes del PP, hacen que la gente no se sienta representada y, a la postre, salga más y más a la calle.
Los burócratas en el gobierno deben estar mirando de frente a los Mercados, para asentir y cumplir con los compromisos unidireccionales que excluyen la reactivación económica, pero estoy seguro que se fijan de reojo a Portugal, por el tirón de orejas reciente a sus políticos, y a Grecia, por la marea y descontento que no cesa sobre otro nuevo gobierno, tripartito y dócil, que no se opone a los dictámenes económicos.
Vistas estas preliminares, apunto dos artículos de los últimos días.
- Uno cofirmado por dos diputados de Izquierda Unida, que no tiene desperdicio sobre el SECUESTRO real al Congreso.
- El otro de un ex-periodista del extinto diario Público que sigue batallando, ahora en las redes, achacanda las actitudes incendiarias del Gobierno.
Disfrútenlos.
25S: ¡Liberemos al Congreso de su secuestro!
Esther López Barceló. Diputada de Esquerra Unida del País Valencià en Les Corts.
Alberto Garzón Espinosa. Diputado de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados y miembro del Consejo Científico de ATTAC.
¡Esto es un secuestro! La democracia, para ser tal, ha de servir al pueblo, residir en el pueblo y emanar del pueblo. Y por ello ha de estar sujeta a leyes, elaboradas a partir de la razón y de la justicia, que salvaguarden los derechos fundamentales de la ciudadanía y los antepongan ante cualquier otro poder. Y precisamente por ello lamentamos y denunciamos que en nuestros días la democracia y sus leyes estén secuestradas por poderes económicos ajenos a la razón y a la voluntad popular.
La crisis económica no ha hecho sino mostrar la verdadera esencia de unos mecanismos que hasta ahora se habían presentado como democráticos y que, por el contrario, ahora se revelan inútiles en la función de representar la voluntad popular. Y esto es tan grave como decir que no tenemos ningún control sobre nuestras condiciones de vida y sobre el modo en que nos organizamos como sociedad.
Cuando un gobierno rompe el único vínculo que le une con la ciudadanía, que es el programa electoral que se compromete a cumplir, está violando la legitimidad de la soberanía popular y deslegitimando su propia existencia. Desde luego ello es legal, pues no hay ningún fundamento jurídico que le impida hacerlo, pero supone también que estamos ante algo injusto e ilegítimo.
La falta de respeto por los principios democráticos de nuestros gobernantes, unida a su mediocridad y su afán por imponer sus planes son las causas de que sólo sepan actuar mediante la represión policial y el recurso de cita ininterrumpida del corpus jurídico del statu quo. ¡Cómo si no supiéramos discernir qué es legal o no dentro de este marco!
Este sistema aparentemente democrático se nos vendió como el diseño más perfecto para nuestro país, capaz de protegernos y garantizarnos derechos sociales. Nos dijeron que era un sistema que nos proporcionaba capacidad para decidir.
Más de treinta años después una nueva generación afrontamos un dramático escenario. Somos la llamada “generación perdida”, la juventud sin futuro. Y ahora que nos levantamos para reclamar democracia –porque queremos decidir sobre nuestras vidas- y justicia –porque queremos vivir en paz- nos sentimos totalmente abandonados a nuestra suerte; aquella que decidieron otros. Y la más amable respuesta que obtenemos es la llamada al exilio, esto es, a la búsqueda de esperanza fuera de nuestra tierra.
Sufrimos la persecución cuando nos rebelamos y cuando contestamos los ataques de unos gobiernos que roban nuestras esperanzas con infames excusas. De hecho ya no hace falta haber vivido la dictadura franquista para contar aquello de “corrimos delante de los grises”, pues muchos de los que nacimos tras la muerte de Franco ya lo hemos tenido que hacer.
Nos persiguieron e inventaron atestados policiales cuando emergimos en la primavera valenciana; nos intentaron expulsar de las plazas donde acampamos; nos persiguieron cuando participamos en la Huelga General, nos criminalizaron salvajemente por empujar carritos de la compra mientras denunciábamos el hambre creciente.
Nos criminalizan por poner nuestro cuerpo de trinchera ante un desahucio; nos criminalizan e identifican policialmente por reunirnos en un parque público como el Retiro para debatir sobre política; nos criminalizan, en definitiva, porque estamos poniendo de manifiesto que lo que un 23 de febrero no acabó de fraguar se está permitiendo que prospere cada día de forma legal.
Empezaron cambiando la esencia del principio constitucional, que garantizaba la aplicación de derechos fundamentales, para priorizar el pago a las entidades financieras. Aprobaron una amnistía fiscal que permitió que los delincuentes de cuello blanco, estafadores que merman la sanidad y educación pública, quedaran indemnes de cualquier sanción. Aprobaron una reforma laboral que dinamitó nuestra defensa ante la explotación laboral, permitiendo enmascarar despidos improcedentes en despidos objetivos. Legalizaron el racismo en la sanidad pública. Incrementaron las tasas para obstaculizar a los más pobres el acceso a la educación. Rescataron y rescatan a los bancos, haciendo un bote común con nuestros impuestos, mientras nos expulsan de nuestras casas tras habernos expulsado de nuestros trabajos.
Dicen que queremos dar un golpe de Estado. Pero no es cierto. Lo que queremos es dar un golpe encima de la mesa. Queremos alcanzar la democracia. Queremos una legalidad que nos represente y nos defienda. Queremos vivir sin miedo. Porque tenemos propuestas, reivindicaciones, necesidades. Porque el 25S es un arma cargada de propuestas de futuro. Porque para poder recuperar nuestra soberanía, nos hemos dado cuenta de que es imprescindible un Congreso liberado.
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¿A ellos les gusta la gasolina?
Si de verdad el Gobierno está preocupado por las protestas en las calles, por la imagen exterior de España y por la peligrosa fractura social que se está abriendo, ya está tardando en cambiar de estrategia. La respuesta policial ante el 25S ha sido brutal, desproporcionada y contraproducente. No se apagan los incendios con gasolina. En ningún momento la movilización de ayer fue una amenaza real ni para la democracia ni para el Parlamento ni para sus señorías. Habría estado justificado el uso de la fuerza por parte de los antidisturbios ante un hipotético asalto al Congreso, que no se produjo, pero no ante una manifestación mayoritariamente pacífica en la plaza de Neptuno, ante una multitud de ciudadanos que ni siquiera intentó traspasar la muralla levantada por la policía. ¿Eran necesarias todas las cargas a porrazos? ¿Incluso en el andén de la estación de Atocha?
La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, debería dejar de comportarse como una tertuliana de Intereconomía. Su labor consiste en preservar el orden público, no en agitar aún más la calle. Sus declaraciones comparando a los manifestantes de ayer con los nazis o con los golpistas del 23F solo sirven para tensar aún más la cuerda y aumentar el conflicto. También tienen otra consecuencia, ventajosa para ella: obtener un protagonismo mediático jamás visto en su puesto –¿cuántos recuerdan el nombre de la anterior delegada?– con el que lanzar su carrera política, ahora que Esperanza Aguirre deja hueco.
Si el Gobierno no quiere que España sea la nueva Grecia en los telediarios de todo el planeta no solo hay que pedir contención y prudencia a los manifestantes: también a los antidisturbios y a los dirigentes políticos. También sería un enorme paso que la policía muestre en todo momento su número de identificación ante los ciudadanos y no infiltre encapuchados entre los manifestantes. ¿Pedir que la propia policía cumpla la ley es pedir demasiado?
