Los acontecimientos en relación a la crisis financiera que despoja de la vivienda a muchas personas sin que tengan otra opción de renegociar su deuda con las entidades bancarias que -como buitres, son insaciables-, han creado una situación de emergencia social en nuestro país.
Es que, además de exigir y ejecutar la garantía hipotecaria, se ceban en los compromisos de letra chica firmados con sobrevaloración de la vivienda, que para colmo luego rebajan en subastas y ventas, sin que previamente se haya tenido una posibilidad de renegociación. Un círculo o trama que no puede tolerarse.
Parecía que que el PP en el Congreso, en este recorrido parlamentario donde se les coló la ILP con 1.500.000 firmas, iba a descubrir algo nuevo. Pero los espejismos son eso, creencia de ver algo imposible. Los peores presagios se cumplieron y el PP maquilló la situación limitando a casos extremos donde apenas el 3% de los casos pueden acogerse. La gran masa se queda tirada en la cuneta, al socaire de las disposiciones injustas que no arregló el PSOE cuando pudo y que estos nuevos perros viejos dicen mejorar.
La sociedad civil tiene que seguir luchando con iniciativas, con movilizaciones, con escraches, con lo que sea. No se puede parar. Una excepción al pesimista panorama es el puñetazo en la mesa dada por la Consejera de Fomento, Elena Cortés, del Gobierno Bipartito de Andalucía con el Decreto Ley 6/2013 de 9 de abril, de medida para asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda. Una reacción valiente ante lo que ya se veía venir en la tramitación de la modificación de la Ley Hipotecaria ley en el Congreso, y que ocurrió como se temía. Es cierto que la expropiación de uso por 3 años es la medida más llamativa, pero hay otras interesantes como las declaraciones de viviendas terminadas y sin uso que afectará a los bancos y no a particulares.
En este sentido, ayer en el Pleno Municipal de abril, Izquierda Unida de Llerena ha conseguido sacar adelante una Moción en este sentido, el apoyo institucional del Ayto y para su elevación y traslado al gobierno extremeño en los mismos términos que el Dto. andaluz. (con la pertinente oposición de los 3 ediles del PP)
Al mismo tiempo, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de la Asamblea de Exrtremadura, en el Pleno de 25/04/13, saca adelante una propuesta para que la administración regional cree un servicio de mediación y asesoramiento a familias afectadas por un proceso de deshaucio. Además, se apoyó una propuesta para la paralización de manera inmediata todos los procedimientos de deshaucio en viviendas sociales. (en ambos casos las votaciones fueros de IU + Psoe)
La situación de 6.202.700 parados en la última EPA (27% de la pobl activa) no deja lugar a dudas de la situción penosa que se vive y que conlleva, la pérdida de apoyo a las clases sociales bajas y a las frecuentes situaciones de deshaucios de viviendas (entre 2007 y 1º tte de 2011 hubo 151.369 procesos como conclusión de los 328.000 procedimientos de ejecución iniciados).
¡¡¡SÍ SE PUEDE, PERO NO QUIEREN!!!
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